Familiares de los trabajadores del SAPAL acudirán a la CNDH

Familiares de los cinco trabajadores de SAPAL fallecidos hace un año en la Planta Tratadora de Aguas Residuales, acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para continuar exigiendo una indemnización por la muerte de sus padres, hijos y esposos.

Lo anterior declaró el abogado Juan Hernández, representante legal de las cinco familias afectadas, quien agregó que este jueves acudirán a dialogar de manera personal con la Alcaldesa Alejandra Gutiérrez y el viernes tendrán una primera plática en la Fiscalía del Estado con los abogados de SAPAL, para conciliar la liquidación.

“Hay responsabilidades administrativas de directivos por autorizar que SAPAL, se apertura la planta cuando se sabía de la muerte de cinco trabajadores, de parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato hubo inconsistencia en las investigaciones por parte de los médicos legistas en los protocolos del levantamiento de los cadáveres y en las necropsias, por esto acudiremos a la ciudad de México a presentar un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado”.

El pasado 3 de noviembre, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato informó que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) violó los derechos humanos laborales de los trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales.

El ombudsman Vicente Esqueda Méndez emitió la recomendación a SAPAL para que las familias sean indemnizadas y se les otorgue seguridad social.

El accidente ocurrió el pasado 13 de noviembre del 2020 en el cual fallecieron Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, por inhalar ácido sulfhídrico, nube invisible que se formó en el módulo de desbaste de la planta tratadora de SAPAL.

La PDHEG a través del expediente 24/21-A-11 recomendó al presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, y a la encargada de la Contraloría del gobierno panista de León, Margarita Márquez Moreno.

El documento señala que SAPAL violó “los derechos humanos laborales, el derecho a la seguridad jurídica y al derecho de petición”.
El abogado señaló que a dos de las viudas se les ofreció 31 mil pesos por la muerte de sus esposos, los cuales tomaron por necesidad, mientras que a las otras tres familias también se les está indemnizando como si fuera un despido laboral.

Víctor Briseño, integrante de los familiares afectados, lamentó que el municipio y SAPAL lleven pagados 3 millones de pesos en abogados para liquidar a las familias como si fueran despedidos, y no aceptan que fue un accidente de trabajo con responsabilidad administrativa de los directivos de la dependencia.